Control de acusación. El fiscal Pérez inició la exposición de los cargos y pruebas que sustenta pedido de 30 años de prisión.
La excandidata presidencial y líder del fujimorismo, Keiko Fujimori Higuchi, estructuró una organización criminal que instrumentalizó el partido político Fuerza Popular para cometer actividades ilícitas a favor del sector empresarial que la apoyó económicamente, en las elecciones del 2011 y 2016.
Así lo señaló el fiscal José Domingo al empezar a sustentar ante el juez Víctor Zúñiga los cargos penales de organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica que atribuye a Fujimori y 41 de sus principales colaboradores.
La exposición forma parte del control de la acusación que debe realizar el referido magistrado, paso previo para que el caso pase a juicio público. El control de la acusación se inició a fines de setiembre.
En las primeras audiencias, el fiscal sustentó los motivos legales por lo que consideró archivar la investigación contra Gustavo Rimarachín Díaz, Gregoria Vela Arista, Yoni Rimarachín Vela, Irma Carranza Montenegro, Mayra Castañón Dávila y Lulith Sánchez Bardales. Ellos, indicó el fiscal, se acogieron a la colaboración eficaz, entregaron información a la Fiscalía y serán testigos de cargo en el juicio. El juez dio su conformidad al archivo.
Con eso se pasó a la sustentación de los cargos para cada uno de los acusados. Respecto de Keiko Fujimori, el fiscal recordó que ella desempeño cargos públicos importantes desde los años 90 del siglo XX, luego fue congresista del 2006 al 2011 y candidata a la presidencia.
Añadió que recibió millonarios aportes de la constructora Odebrecht, que fue la principal beneficiaria de contratos con el Estado en los años 90. También se refirió a los aportes en efectivo y de forma clandestina que entregó Dionisio Romero.
En retribución, la bancada de Fuerza Popular desplegó diversas acciones a favor de los empresarios.
Audiencias
Tiempo. Las audiencias de control de acusación podrían llevar unos dos años, pues el fiscal debe sustentar cargos y pruebas contra cada uno de los 42 acusados.
Fuente: La República
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