La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales pruebas para el gobierno de Keiko Fujimori. Durante la campaña electoral, la entonces candidata de Fuerza Popular prometió recuperar la paz y la tranquilidad de los peruanos en los primeros 100 días de una eventual gestión. Hoy, con su administración en marcha, las medidas anunciadas y las cifras disponibles permiten examinar cómo avanza esa promesa.
El compromiso fue difundido por Latina Noticias el 28 de enero de 2026, cuando Fujimori visitó Huacho durante sus actividades proselitistas. En aquella ocasión, sostuvo que la paz volvería al país durante los primeros 100 días de su eventual gobierno.
La declaración no es reciente, pero cobra relevancia al acercarse el plazo que la propia mandataria planteó. Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026, por lo que el periodo de los primeros 100 días se cumple a comienzos de noviembre.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Keiko Fujimori contra la delincuencia?
Una de las principales acciones anunciadas por el Ejecutivo se produjo el 7 de octubre, cuando la presidenta presentó la creación de un Comando Unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.
La estrategia reúne capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de coordinar operaciones contra las organizaciones criminales. Según información difundida por el diario oficial El Peruano, el despliegue contempla a 1.350 efectivos, una unidad especializada y un centro de control y operaciones ubicado en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.
El plan también contempla operativos de búsqueda y captura, acciones de inteligencia y operaciones dirigidas a desarticular bandas criminales. El Gobierno sostiene que la coordinación entre las instituciones permitirá reforzar la respuesta del Estado frente a la inseguridad.
La creación de este comando representa una medida concreta dentro de la estrategia de seguridad de la administración. Sin embargo, su anuncio y despliegue no bastan por sí solos para determinar si la delincuencia ha disminuido o si la población ya experimenta una mayor sensación de tranquilidad. Para evaluar esos resultados será necesario observar las cifras y la evolución de los delitos.
Las cifras de homicidios que mantienen la preocupación por la inseguridad
La situación de la seguridad ciudadana también se refleja en los registros de homicidios disponibles durante los primeros meses de la actual gestión.
Un informe publicado por La República el 16 de septiembre, basado en un análisis del especialista en datos Juan Carbajal sobre los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), contabilizó 267 homicidios entre el 28 de julio y el 14 de septiembre de 2026.
El medio advirtió que la cifra real podría acercarse a los 300 casos debido a muertes que todavía no habían sido clasificadas en Lima y Callao. Según el mismo análisis, más del 73 % de las víctimas falleció por armas de fuego.
Estos datos ofrecen un panorama preocupante sobre la violencia registrada durante las primeras semanas del gobierno. No obstante, corresponden a un periodo específico y no constituyen, por sí solos, una evaluación integral de toda la política de seguridad. Para determinar tendencias será necesario comparar periodos equivalentes y revisar las estadísticas oficiales disponibles, considerando también sus posibles actualizaciones.
¿Keiko Fujimori cumplirá su promesa de los primeros 100 días?
Por ahora, todavía no corresponde emitir un veredicto definitivo sobre el compromiso de recuperar la paz en los primeros 100 días, pues el plazo aún no ha concluido.
Lo que sí puede observarse es que el Gobierno ha anunciado medidas para reforzar la intervención de las fuerzas del orden, entre ellas la creación del Comando Unificado contra la Criminalidad. La siguiente cuestión será comprobar si estas acciones se traducen en resultados medibles frente a los homicidios, las extorsiones y otros delitos que afectan a la ciudadanía.
El balance también deberá considerar la capacidad de las autoridades para investigar los delitos, capturar a los responsables y lograr que los casos avancen dentro del sistema de justicia. La reducción de la violencia y la recuperación de la tranquilidad pública requieren resultados sostenidos, más allá de los anuncios oficiales.
A medida que se acerque el cierre de los primeros 100 días, los indicadores de seguridad y la información que publiquen las instituciones competentes permitirán realizar una evaluación más completa de la gestión.
La promesa de Fujimori, por tanto, mantiene abierta una pregunta central: ¿las medidas adoptadas por su gobierno conseguirán traducirse en una mejora verificable de la seguridad ciudadana antes de que termine el plazo que ella misma estableció?
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