La investigación por la presunta agresión contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise ha generado interrogantes sobre las consecuencias que podrían enfrentar los escolares involucrados. Una de las principales dudas está relacionada con la posibilidad de que sean expulsados definitivamente de la institución educativa.
La abogada penalista Romy Chang explicó que el marco legal peruano establece diferencias entre las sanciones que puede aplicar un colegio y las medidas que podrían ser determinadas por las autoridades cuando la conducta investigada constituye una infracción.
¿El colegio puede expulsar a un estudiante?
Según explicó Chang, la expulsión definitiva no constituye una respuesta automática frente a situaciones de violencia o bullying entre estudiantes.
La especialista señaló que las normas de convivencia escolar priorizan el derecho a la educación de los menores y contemplan medidas correctivas y de protección que deben aplicarse respetando el procedimiento correspondiente.
En estos casos, una institución educativa puede adoptar medidas como la suspensión, siempre de acuerdo con sus normas internas y respetando los derechos de los estudiantes involucrados.
La situación cambia cuando la investigación determina que existe una conducta que puede constituir una infracción a la ley penal. En ese escenario, las consecuencias ya no dependen únicamente de una decisión administrativa del colegio.
¿Qué ocurre si se determina responsabilidad?
Chang explicó que los adolescentes de entre 14 y menos de 18 años se encuentran sujetos a un sistema especializado de justicia juvenil.
Por ello, si después de una investigación y del procedimiento correspondiente se determina responsabilidad, no se les aplicaría una pena como la que corresponde a una persona adulta. En su lugar, podrían establecerse medidas socioeducativas, cuya naturaleza y duración dependerán de la infracción y de la decisión de la autoridad competente.
La especialista también señaló que, en determinadas circunstancias, podría existir la posibilidad de una medida de internamiento en un centro juvenil. Sin embargo, esto requiere una decisión de la autoridad competente y no equivale a una expulsión dictada directamente por el colegio.
La protección de la víctima también es parte del problema
Uno de los puntos que ha generado debate es cómo garantizar la protección del estudiante afectado mientras continúa la investigación.
Chang sostuvo que, cuando un colegio no puede separar definitivamente al presunto agresor mediante una expulsión, existe el riesgo de que sea la víctima quien termine alejándose de la institución para evitar nuevos episodios de violencia.
La abogada calificó esta situación como una forma de revictimización y planteó la necesidad de encontrar mecanismos que permitan proteger efectivamente al estudiante afectado sin vulnerar los derechos que también corresponden a los menores investigados.
@rkt696Romy Chang en Beto a Saber
¿Qué establece el marco educativo?
El Ministerio de Educación mantiene normas específicas para la atención de casos de violencia en las instituciones educativas.
El Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU regula la gestión de la convivencia escolar y establece protocolos para atender situaciones de violencia física o sexual entre estudiantes. En estos procedimientos se contempla la continuidad del servicio educativo tanto para la víctima como para el estudiante señalado como agresor.
Además, el Minedu ha sostenido que la expulsión como medida punitiva frente a situaciones de acoso escolar contraviene el marco de convivencia sin violencia y puede afectar el derecho a la educación.
Esto no significa que una conducta que eventualmente constituya una infracción quede sin consecuencias. La diferencia está en que una medida socioeducativa debe ser determinada dentro del sistema especializado correspondiente y no simplemente mediante una expulsión escolar.
El caso del Liceo Naval continúa en investigación
El caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise permanece bajo investigación de las autoridades competentes. El Gobierno publicó el 18 de septiembre un decreto supremo que dispuso una reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza institucional del colegio, luego del grave hecho de violencia ocurrido contra un estudiante.
La norma también señala que el Ministerio Público realiza diligencias preliminares para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
Mientras esas investigaciones avanzan, cualquier responsabilidad individual deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente y con respeto a las garantías que establece la legislación para los menores de edad.
En consecuencia, la expulsión no debe confundirse con las medidas que eventualmente podría determinar el sistema de justicia juvenil. El desenlace dependerá de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
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