El Ministerio Público solicitó el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández Cuesta y otros funcionarios de la empresa, con la finalidad de garantizar su presencia en el país durante un eventual proceso penal por el derrame de petróleo que ha dejado a miles de personas sin sustento, fauna muerta y afectación ambiental.
Así lo informó RPP Noticias, la mañana de este 27 de enero. Según el documento presentado por el fiscal Ariel Tapia Gómez, ante la investigación preliminar, hay una posible una responsabilidad de riesgos y trasgresiones del ambiente que recae en Fernández Cuesta y los funcionarios Renzo Tejada Mackenzie, Gisela Posadas Jhong y Jose Reyes Ruiz
“Es necesario ampliar la investigación por presuntos delitos de responsabilidad funcional pues un desastre de las magnitudes que se ha presentado obliga investigar preliminarmente la responsabilidad de la fiscalización administrativa de la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Osinergmin y del OEFA”, precisa.
Un día antes, el ministro del Ambiente, Rubén Ramirez, anunciaba que la Procuraduría de su cartera evaluaba solicitar medidas coercitivas contra los representantes de la empresa.
Ante la consulta respecto de qué medidas se están evaluando solicitar ante el Poder Judicial, el titular del Minam precisó que “se va a pedir posiblemente el impedimento de salida (del país) o una medida coercitiva mayor”.
El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, informó que el nuevo derrame en la refinería La Pampilla será incorporado en la misma carpeta de investigación criminal sobre el primer derrame.
“Al parecer y esta es una de las líneas de investigación de este nuevo hecho es que, producto de la limpieza del ducto se ha escapado una cantidad significativa de petróleo nuevamente que vuelve a afectar las zonas que estaban de alguna u otra manera controlada a partir de la semana pasada. Creemos que es un nuevo hecho contaminante”, indicó.
