El último viernes 28 de febrero, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía allanaron la vivienda de Edward Amoroto Ramos, alcalde distrital de Los Aquijes, en Ica, como parte de una investigación por presunto tráfico de brevetes. El burgomaestre es señalado como integrante de la organización criminal ‘Los Acelerados del Sur’, dedicada a la obtención ilícita de licencias de conducir.
Según informó la Fiscalía, se allanaron 27 inmuebles y cinco oficinas, incluyendo la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica, el policlínico San Luis y una escuela de conductores. No obstante, en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) figura que Amoroto Ramos está actualmente afiliado a Fuerza Popular desde octubre de 2024.
Fuerza Popular asegura que suspenderá militancia de alcalde de Los Aquijes
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Fuerza Popular anunció la suspensión de la militancia de Edward Amoroto, alcalde de Los Aquijes. El partido de Keiko Fujimori aseguró que la autoridad edil no ocupa ningún cargo de dirigencia ni ha sido candidato en representación de la agrupación política.
Asimismo, señalaron que la suspensión se mantendrá mientras duren las investigaciones en su contra. La decisión se tomó luego de que la afiliación del alcalde -quien es investigado por presunto tráfico de brevetes como integrante de la organización criminal ‘Los Acelerados del Sur’- en Fuerza Popular trascendiera a través de redes sociales.
Este es el caso por el que allanaron la vivienda de Edward Amoroto Ramos
El allanamiento a la vivienda del alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, se realizó en el marco de una investigación por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Acelerados del Sur’, dedicada al tráfico ilegal de licencias de conducir en Ica. Según la Fiscalía, Amoroto habría facilitado estos actos ilícitos cuando se desempeñó como director regional de Transportes en 2021.
La investigación inició en abril de 2023, cuando el Ministerio Público formalizó acusaciones contra Amoroto y otros funcionarios implicados. Un mes después, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio. No obstante, la medida fue posteriormente revocada, permitiéndole continuar el proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones.
Fuente: La República
