Los motivos del juez a favor de Boluarte
«Es verdad que en este caso se viene investigando a una alta funcionaria de la Nación, la presidenta de la República, quien goza de la prerrogativa del antejuicio, esto es, que previa la formalización de la investigación preparatoria, se requiere una denuncia constitucional por la fiscal de la Nación y el correspondiente trámite parlamentario; ello significa que las diligencias preliminares cuenten con todo el material de investigación necesario, útil, pertinente y conducente, además de idóneo para que en el foro político se evalúe adecuadamente los términos de la acusación», argumentó el juez.
«También es verdad -añadió- que el delito materia de investigación es el de enriquecimiento ilícito, uno en el que por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio, es la pericia; en este sentido, la actividad pericial es fundamental en las diligencias preliminares».
Sobre los referidos testigos técnicos precisa que se trata de profesionales de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República que realizaron el informe de Fiscalización Específica de las declaraciones juradas de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra del periodo febrero de 2022 a febrero 2024.
«Debe tenerse en cuenta que se trata de una evaluación realizada por una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía (…); como es de verse es un informe en el cual las partes no tienen participación alguna, por lo cual es factible, teniéndose en cuenta que resulta relevante a los efectos de la investigación (en este caso una preliminar a una posible o no denuncia constitucional) que las partes puedan obtener las declaraciones de quienes formularon dicho informe».
Un informe técnico que limpia a Boluarte
El informe de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República fue elaborado por las contadoras públicas Sandra Calderón Lázaro, analista de fiscalización, María Acuña Morales, supervisor, y la abogada Martha Antezana Córdova, analista legal.
Dicho informe indica que luego de analizar las respectivas declaraciones juradas y las aclaraciones de Boluarte Zegarra se «concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado en el periodo fiscalizado». Uno de los motivos por lo que el abogado defensor quiere que los fiscales interroguen a los testigos técnicos de la Contraloría, es que el informe que limpia a la presidente aparezca en los documentos que podrían llegar al Congreso.
Además, la defensa de Boluarte quiere utilizar el informe de la Contraloría para contradecir el peritaje financiero contables oficial que realizó la fiscalía de la Nación. El peritaje oficial encuentra que en las cuentas bancarias de la presidenta Boluarte se encontraron depósitos de origen desconocido por hasta 58 mil soles. Es decir, dinero que no tiene origen en los ingresos legales conocidos de la mandataria.
Fuente: La República
