El Poder Ejecutivo oficializó esta noche el Estado de Emergencia para los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho en el departamento de Lima.
De igual manera, se dispuso aplicar esta medida para los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, pertenecientes a la provincia de Sullana, en el departamento de Piura.
Se indica, en tal sentido, que en estos lugares quedan suspendidos los eventos sociales y espectáculos en el horario comprendido entre las 00.00 horas y las 04.00 horas.
La declaratoria mencionada se prolongará durante 60 días calendario, se señala en el decreto supremo 105-2023-PCM, publicado esta noche en una edición extraordinaria de la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.
En este dispositivo legal se indica que el estado de emergencia aplicado a las referidas jurisdicciones implica «la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales».
Estos se encuentran comprendidos en los numerales 9, 11, 12 y 24, así como en el literal ‘f’ del artículo 2 de la Constitución.
Acciones específicas
Se consigna además que la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las jurisdicciones mencionadas se regirá por lo dispuesto, respectivamente, en los decretos legislativos 1186 y 1095, reglamentado este último por el decreto supremo 003-2020-DE.
Se especifica que el Ministerio del Interior gestionará acciones de la Policía con la Dirección Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
De igual manera, esta cartera ministerial coordinará con los gobiernos regionales y locales para que se realicen acciones de «fiscalización administrativa» en el transporte público, incluyendo vehículos menores, y en lugares de diversión, espectáculos y hospedajes.
También se efectuarán acciones de videovigilancia, patrullaje integrado y actualización de los mapas del delito y riesgo.
En el decreto se autoriza además a la Policía a realizar operaciones para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, en el perímetro de estos y en su espacio aéreo.
