Junto con este cambio, la normativa también introduce ajustes en otros aspectos laborales, como las licencias sin goce de haber y la compensación por tiempo de servicios (CTS). Estas modificaciones forman parte de un esfuerzo por actualizar el marco laboral y garantizar una aplicación uniforme en los empleados del Estado.
¿Qué edad máxima permite la nueva ley para laborar en el sector público?
Según lo dispuesto en la Ley N.º 32199, publicada en el Diario Oficial El Peruano, los trabajadores del sector público bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 deberán cesar sus funciones al cumplir los 70 años de edad. Esta norma establece que el retiro se realizará al finalizar el año calendario en el que se alcance dicho límite.
El objetivo de esta regulación es unificar los criterios de cese laboral por edad y evitar inconsistencias en su aplicación dentro del sector público. Con esta disposición, se busca brindar mayor claridad sobre el proceso de jubilación y facilitar la transición en los puestos de trabajo.
Cambios en licencias y compensación por tiempo de servicios para trabajadores estatales
Además del límite de edad, la Ley N.º 32199 introduce modificaciones en el régimen de licencias sin goce de haber. A partir de su entrada en vigencia, los empleados podrán solicitar licencias de hasta tres años dentro de un periodo de cinco años, permitiendo mayor flexibilidad en su uso.
Respecto a la compensación por tiempo de servicios (CTS), la nueva normativa establece que el cálculo del beneficio equivaldrá al 100% de la remuneración mensual por cada año completo de trabajo o fracción mayor a seis meses. Esto busca uniformizar el pago de este beneficio en todas las instituciones estatales.
Desde cuándo entra en vigencia la nueva normativa y cómo afecta a los empleados públicos
La Ley N.º 32199 comenzó a regir en enero de 2025, lo que significa que todas las entidades del Estado deben adecuarse a sus disposiciones. Los empleados que cumplan 70 años en cualquier mes del año podrán continuar trabajando hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Las entidades gubernamentales tendrán la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar conflictos en su aplicación. Con estos cambios, se espera una mejor gestión del retiro y beneficios laborales de los servidores públicos.
Fuente: La República
