La filial peruana de la multinacional española Telefónica ha sido condenada por la Corte Suprema del Perú a pagar cerca de 800 millones de euros por diferencias en el impuesto sobre la renta de los años 2000 y 2001, según informó la compañía este pasado martes al supervisor bursátil peruano (SMV). La multa, adelantada por El Confidencial, es la de mayor cuantía que tendrá que abonar la operadora española en su historia tras un largo proceso judicial.
Fuentes de la compañía explican que la sanción se refiere al IRPF de años pasados. Insisten en que apenas tendrá impacto financiero en el grupo de telecomunicaciones porque ya tenía provisionados 790 millones de euros por este proceso.
Y aseguran que en cuanto reciban la comunicación oficial sobre la cuantía del principal y los intereses procederán al pago de la multa. Las mismas fuentes de Telefónica insisten en que, aunque la sentencia de la Corte Suprema de Perú es firme, aún tienen la opción de recurrir ante la corte internacional de arbitraje (Ciadi), donde consideran que tienen suficientes argumentos jurídicos para ganar y revocar la sanción.
La compañía ya tiene reservada en su balance la provisión para hacer frente a este contencioso. Según figura en el formulario 6-K ―el documento que ofrece información financiera a los inversores con deuda del grupo― que la compañía registró el pasado septiembre ante el supervisor bursátil de Estados Unidos (SEC), Telefónica reconoce que la provisión total a 30 de septiembre de 2022 ascendía a 3.063 millones de soles peruanos, equivalentes a 790 millones de euros al tipo de cambio al 30 de septiembre de 2022, frente a los 654 millones de euros que tenía provisionados a cierre de 2021.
No obstante la compañía tiene reservados más de 900 millones de euros para atender otras reclamaciones fiscales que las autoridades peruanas mantienen en los tribunales. De hecho, a principio de este año Telefónica informó a la Bolsa de Lima que reservaba otros 155 millones de euros ante los contenciosos tributarios en el país latinoamericano.
El comunicado de Telefónica a la Superintendencia de los Mercados de Valores de Perú (SMV) señala: “La quinta sala de derecho constitucional y social transitoria de la Corte Suprema nos notificó la resolución judicial que resuelve, en última instancia y de manera desfavorable a la compañía, el proceso contencioso-administrativo referido al Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001″.
La situación de la filial de Telefónica en Perú es compleja. La operadora española tiene un apartado entero en sus cuentas anuales para explicar las diferentes investigaciones que sufre desde 2007 por impuestos devengados a partir de 1998. “La evolución de los recursos de los diferentes asuntos del período 1998 a 2001 ha sido dispar y compleja a lo largo de los últimos años”, reconoce la operadora en sus estados financieros de 2021. “En relación con las reclamaciones fiscales en Perú, cabe destacar que Telefónica del Perú mantiene abiertos numerosos procesos judiciales por asuntos fiscales por impuesto sobre sociedades e IVA correspondiente fundamentalmente a los ejercicios 1998 a 2005, siendo los más relevantes los correspondientes a los ejercicios 1998 a 2001 (impuesto sobre sociedades, pagos a cuenta, saldos a favor, IVA asociados, intereses y sanciones aplicables).
En dichos procesos continúan abiertas fundamentalmente tres cuestiones: (i) provisión de dudoso cobro; (ii) efectos de la prescripción del año 1999; (iii) intereses de demora en Tribunal Constitucional (TC), a pesar de las recientes Sentencias sobre esta última cuestión”, añade.
La comunicación financiera oficial de Telefónica ante la SEC señala: “En relación con las reclamaciones fiscales en Perú correspondientes principalmente a procesos abiertos por el impuesto sobre sociedades de los años 2000 y 2001 (incluidos los pagos a cuenta), el 22 de junio se recibió sentencia desfavorable del Tribunal Supremo en relación con el saldo acreedor de 1999, utilizable en la declaración del impuesto sobre sociedades de 1999 así como en los anticipos de 2000.
El Tribunal Supremo resolvió desfavorablemente para la compañía en línea con su última sentencia de junio de 2021. Sin embargo, el grupo no ha reconocido ninguna provisión adicional a septiembre de 2022 debido a que su efecto en el impuesto sobre sociedades ya estaba registrado en 2021 cuando se emitió el primer [dictamen del] Tribunal Supremo”. En este documento oficial, Telefónica agrega: “Además de lo anterior, en junio de 2022 se recibió una nueva sentencia del Tribunal Fiscal en relación con el impuesto sobre sociedades de Telefónica Móviles del Perú 2000.
Esta sentencia resultó favorable para la Sociedad en cuanto al reconocimiento del valor fiscal de ciertos activos de la red y desfavorable, en cuanto a la deducibilidad del impuesto sobre el tipo de cambio. Telefónica del Perú ha registrado una provisión adicional en los estados financieros de los nueve primeros meses por estos conceptos por importe de 63 millones de soles peruanos (16 millones de euros)”.
Fuente: El País
