El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, pidió mediante un escrito a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reabra la carpeta fiscal e inicie una nueva investigación contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y de forma alternativa por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado en el proceso conocido como ‘Caso Chinchero’.
Como se recuerda, el pasado 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación tomó la decisión de cerrar la investigación, pero esta decisión recién fue informada oficialmente a la Procuraduría General del Estado, el pasado 19 de noviembre del 2021 y a pedido del mismo procurador Soria.
En el pedido de reapertura de investigación contra Vizcarra Cornejo, el procurador Soria Luján sostiene que se han encontrado nuevos elementos de convicción, como por ejemplo el pliego de preguntas y respuestas de la interpelación contra el exministro que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., José Carlos Balta del Río. Para el Procurador General esto sería un indicio del nivel de coordinación y relación entre el exministro denunciado y el gerente general.
Asimismo, se encontró en poder de Balta del Río dos proyectos que el Estado mandó a hacer a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que servirían de apoyo para la firma del contrato. Lo irregular es que se ha comprobado que ambos proyectos estuvieron primero en manos del empresario, antes que en poder de los funcionarios del Estado.
Además de estos nuevos elementos, el procurador Soria Luján cuestiona el informe del 18 de noviembre del 2020 señalando que «no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el conocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público».
La presunta responsabilidad de Martín Vizcarra
El documento del Procurador General resalta que en el informe del 18 de noviembre del 2020 «no se determina que los hechos investigados no constituyen delito en base a la documentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, únicamente se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de parte de la fiscal provincial, quien, a juicio de la fiscal de la Nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado».
Para el Procurador General del Estado, la responsabilidad del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, recae en haber suscrito la Resolución Ministerial N° 041-2017-MTC/01 que aprobó la adenda N° 1 al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, a sabiendas que dicha adenda era desfavorable para el Estado, según se lo hizo saber mediante correo electrónico, la entonces presidenta de Ositrán, Patricia Benavente.
Asimismo, se responsabiliza a Vizcarra Cornejo de sostener reuniones previas con personas del consorcio, en las que también participaron otros funcionarios del Estado.
