La censura de José Jerí como presidente del Congreso volvió a sacudir el tablero político peruano con una celeridad que, en otros países, sería excepcional. En apenas unos días, quien encabezaba el Legislativo —y había asumido la conducción del país por sucesión constitucional— quedó apartado de su cargo.
Jerí no fue destituido como presidente de la República, sino censurado en su condición de titular del Parlamento. El matiz es relevante. Pero el trasfondo también: en el Perú de la última década, las herramientas para remover autoridades —ya sea a través de la vacancia presidencial o la censura parlamentaria— dejaron de ser excepcionales y se han convertido en mecanismos habituales de reconfiguración política.
Para comprender por qué el país ha normalizado esta dinámica que lo está llevando a tener 8 presidentes en los últimos 10 años, es necesario mirar más allá de los nombres propios y analizar el funcionamiento de sus reglas institucionales y cómo se usan en la práctica.
El mecanismo clave: cómo funciona la vacancia presidencial
Aunque José Jerí no fue removido mediante este mecanismo —su salida se dio por censura como presidente del Congreso—, la lógica es comparable: la continuidad en el poder depende menos del mandato popular que de la correlación de fuerzas en el Parlamento. El mismo Congreso que puede declarar la vacancia presidencial es el que, con mayorías circunstanciales, redefine su propia conducción.
La Constitución de 1993 establece en su artículo 113 que el presidente puede ser declarado vacante por varias causales. La más controvertida es la “incapacidad moral permanente”.
El procedimiento es político y parlamentario: basta que el 20 % de congresistas presente una moción de vacancia, se requiere el voto del 40 % del pleno para admitirla a debate y la destitución se concreta con el respaldo de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 de 130 votos.
En el papel, alcanzar dos tercios parece un umbral alto, pero en la práctica, en un Congreso fragmentado y con bloques opositores dispuestos a articularse, no es una barrera infranqueable. Además, el proceso puede desarrollarse en cuestión de días. El presidente tiene derecho a ejercer su defensa ante el pleno, aunque no se trata de un juicio judicial con etapas probatorias prolongadas, sino de una decisión esencialmente política.
Ese diseño convierte la continuidad presidencial en una cuestión de correlación de fuerzas parlamentarias.
La desventaja de no tener mayoría parlamentaria
Aquí surge el segundo factor determinante: la debilidad del sistema de partidos. En el Perú reciente, varios presidentes han llegado al poder sin mayoría propia en el Congreso. Gobernar sin un bloque sólido implica depender de negociaciones constantes para aprobar leyes, sostener gabinetes y evitar interpelaciones o censuras. Un presidente sin mayoría vive bajo amenaza permanente: si su relación con el Parlamento se deteriora, la oposición puede impulsar una moción de vacancia. La aritmética legislativa se vuelve decisiva.
En sistemas presidencialistas más estables, la ausencia de mayoría obliga a construir coaliciones formales. En el caso peruano, donde los partidos son frágiles y las alianzas volátiles, la negociación suele ser más precaria. Sin una base parlamentaria consistente, el Ejecutivo queda expuesto.
En el caso de Jerí, su permanencia al frente del Legislativo también estuvo sujeta a esa aritmética. Sin una mayoría consolidada que lo sostuviera, su posición se volvió vulnerable. En un Congreso fragmentado, las alianzas pueden construirse y deshacerse con la misma rapidez con la que se vota una moción.
La “incapacidad moral permanente”: una causal abierta
El elemento más polémico es la interpretación de la “incapacidad moral permanente”. A diferencia de causales objetivas como muerte o incapacidad física, esta figura no está definida con precisión en la Constitución.
No exige una sentencia judicial firme ni un estándar probatorio técnico: es el Congreso el que interpreta cuándo existe incapacidad moral. En la práctica, ello ha generado enfrentamientos recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Según miembros del gobierno de turno, la aplicación amplia de esta causal puede ser percibida como una herramienta de presión o incluso de desestabilización. Para el Congreso, representa un mecanismo de control político legítimo.
La ambigüedad del concepto es el núcleo del conflicto. Al no estar delimitado jurídicamente, el criterio termina siendo político, y quien tiene la facultad de interpretar es el propio Congreso.
Cuando el Congreso tiene “la sartén por el mango”
El resultado de esta combinación es claro: el Parlamento no solo legisla y fiscaliza, sino que posee una herramienta efectiva para poner fin anticipado al mandato presidencial.
Perú es formalmente un régimen presidencialista: el jefe de Estado es elegido por voto popular directo. Aunque el Congreso puede, mediante una decisión política y con los votos suficientes, declarar la vacancia.
No es un parlamentarismo clásico, donde la caída del gobierno está prevista como parte del diseño. Tampoco es un presidencialismo rígido, donde la destitución es extraordinaria y altamente judicializada. Es una fórmula híbrida que amplifica la confrontación cuando no existen mayorías estables.
Desde 2016, la repetición de vacancias e intentos de vacancia ha generado un efecto de normalización. La destitución dejó de percibirse como un evento excepcional y pasó a convertirse en una herramienta disponible dentro del juego político.
En otras democracias de la región, como Chile o Uruguay, los mecanismos de acusación constitucional existen, pero su activación es poco frecuente y suele estar respaldada por procesos más definidos. En el Perú, la combinación de ambigüedad constitucional, fragmentación partidaria y procedimiento expedito reduce los costos políticos de activar la vacancia.
La censura de José Jerí no es una vacancia presidencial, pero ocurre dentro del mismo ecosistema institucional: un sistema donde las mayorías pueden reorganizar el poder con rapidez.
La facilidad para remover a quien ocupa la presidencia del Congreso y, en determinados casos, a quien encabeza la Presidencia de la República no responde únicamente a una coyuntura, sino que es consecuencia de un diseño institucional potente, combinado con partidos débiles y mayorías volátiles.
La censura de José Jerí es una muestra de esa capacidad de reorganización interna. No se trató de una crisis constitucional de gran escala, sino de una decisión política tomada con rapidez por mayorías parlamentarias que interpretan y ejercen sus facultades con amplio margen.
La pregunta ya no es quién cae hoy, sino cuánto tiempo podrá sostenerse quien asuma mañana.
Fuente: Infobae
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