La difusión de un audio de una conversación entre el teniente PNP Jorge Rodríguez Machado y el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema Hugo Núñez Julca ha generado controversia y preocupación en la Corte Suprema.
Rodríguez es un oficial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), especialista de inteligencia que desde el 2018 se encarga del análisis de los registros de comunicación en el caso Cuellos Blancos del Puerto.
Núñez es el juez a cargo del juzgado supremo de investigación preparatoria que controla las investigaciones y dicta las medidas restrictivas de derecho en los casos de altas autoridades públicas, lo que incluye a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
En setiembre, el oficial Rodríguez presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Núñez y el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Los acusó de haber violado sus derechos en una resolución dictada en mayo del 2019, en que se incluyó su número celular.
Por su labor, Rodríguez se enteró de inmediato y, supuestamente, reclamó a la Fiscalía. Le explicaron que fue un error y allí quedó todo. Sus llamadas nunca fueron objeto de investigación.
Pero el tema adquirió una nuevo matiz este año. La Fiscalía pidió anular esa resolución señalando un error más grave: se habían consignado números telefónicos de jueces de la Corte Suprema.
La resolución se anuló y todo estaba pasando desapercibido, cuando aparece el teniente Rodríguez con su denuncia ante la JNJ. Salta el escándalo y la Sala Plena pide investigar.
Ahora el asunto se ha complicado más. El audio que supuestamente grabó el referido oficial PNP de su conversación con el juez Núñez, de acuerdo con fuentes judiciales, podría afectar el debido proceso y desarrollo de todas las investigaciones.
Según el audio que ha trascendido a la prensa y circula en redes sociales, Núñez llama al policía para pedirle que aclare su denuncia. Aunque el juez estaba en su derecho, no debió hacerlo. Se expuso a ser grabado. Además, por su cargo se podría considerar que hace una presión indebida a un denunciante.
Además, el juez revela y aparentemente muestra al policía la resolución de levantamiento del secreto de las comunicaciones, que tiene carácter de reservada. En el mismo acto, Núñez informa que ese documento no se debe exhibir, pero que lo hace para aclarar que quien firmó es el juez supremo provisional Jorge Castañeda Espinoza.
Para rematar el asunto, admite que si los investigados, fiscales, jueces y abogados, a los que califica de “delincuentes” y “corruptos”, se enteran del enredo, el caso se puede caer.
Tal vez Núñez tenga razón en su calificativo, pero al ser un juez debe guardar sus opiniones para garantizar que sus decisiones gocen de independencia y garanticen los derechos de presunción de inocencia, defensa y el equilibrio entre las partes en un proceso judicial. Eso es lo que preocupa a la Sala Plena y la presidencia del Poder Judicial.
El respecto al debido proceso y garantizar un proceso imparcial no es poca cosa. El 25 de noviembre último, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al exjefe del INPE Julio Magan y otros cuatro exfuncionarios por la “liberación express” del narcotráficante Gerson Galvez Calle “Caracol” al considerar que durante el juicio se afectó el debido proceso y el derecho de defensa.
Según la Sala Suprema, en ese juicio, el juez de investigación preparatoria del Callao se parcializó con la fiscalía a la que permitió cambiar el tipo de delito y presentar nuevas pruebas, mientras que negaba esa posibilidad a los abogados defensores.
“La continuidad del juicio no puede hacerse a costa de infringir garantías procesales y constitucionales y la celeridad procesal no justifica atropellar” la norma procesal, precisó el tribunal supremo en la mencionada sentencia casatoria.
En una investigación compleja es posible que los operadores (del sistema fiscal y judicial) cometan errores, pero estos se corrigen evitando generar un daño irreparable y asegurando el derecho de defensa. Eso es lo que entendemos hizo el fiscal supremo Jesús Fernández y convalidó el juez Núñez Julca al anular las resoluciones de levantantamiento del secreto de las comunicaciones, los eventos posteriores se salen de ese marco, señalan en la Corte Suprema.
Lo que ha sucedido después, aunado al escándalo público, preocupa a la Corte Suprema por las nulidades que se puedan presentar en un caso tan complejo y espionozo como la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto” que involucra a jueces, fiscales, abogados, empresarios y políticos.
Juez instructor podría ser cambiado
La difusión del primer audio entre Núñez y Rodríguez ha causado preocupación en la Sala Plena de la Corte Suprema y la presidencia del Poder Judicial, por sus implicancias.
Por un lado, la investigación de la JNJ y, por otro, la lluvia de recusaciones que va a recibir el juez al haber llamado “delincuentes” y “corruptos” a los investigados. La permanencia de Núñez está en evaluación. Podría ser cambiado aprovechando las rotaciones del nuevo año judicial 2022, señalaron fuentes.
Fuente: La República
